El escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados para el Gobierno de Javier Milei. En medio de la presión política y mediática, el presidente confirmó que avanzará con una denuncia judicial contra Diego Spagnuolo, extitular del organismo y exabogado personal del mandatario.
“Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó Milei en declaraciones públicas, marcando un giro en la postura oficial. La decisión se da luego de la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar de presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos, reparto de contratos entre droguerías y vínculos con funcionarios del Ejecutivo.
Aunque el Gobierno aún no presentó formalmente la denuncia, trabaja contrarreloj para reunir pruebas contundentes que sustenten la acusación y permitan despegar la gestión de Milei de cualquier responsabilidad institucional.
La piedra angular de la estrategia judicial es la auditoría interna que se está realizando en la ANDIS, a cargo del interventor Alejandro Vilches, designado por decreto presidencial. Vilches, que hasta hace poco se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud, tiene la tarea de revisar los contratos, compras y procedimientos administrativos del organismo durante la gestión de Spagnuolo.
Los primeros resultados de la auditoría ya arrojaron datos llamativos. Uno de los casos más citados es el del medicamento PEG Asparaginasa, utilizado para tratar la leucemia linfoblástica aguda. Según los informes preliminares, el programa Incluir Salud dependiente de la ANDIS pagó $13.500.176 por unidad en agosto de 2025, mientras que el Ministerio de Salud había adquirido el mismo producto por $8.274.027 en agosto de 20243.
Aun descontando la inflación interanual del sector salud (35,6%), la diferencia de precio alcanza el 63%, lo que genera sospechas sobre posibles sobreprecios o favoritismos en la contratación. No obstante, desde el propio Gobierno relativizan el peso de esta prueba.
Los audios y su valor legal
“No es una prueba sustancial, puede deberse a fechas distintas o variaciones de precio”, admitieron fuentes cercanas a la Casa Rosada. Por eso, el foco está puesto en reunir más evidencia documental y administrativa, que permita construir un caso sólido ante la Justicia.
Además de los datos de la auditoría, el Gobierno analiza el contenido de los audios filtrados, que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval. En ellos, Spagnuolo habla de cómo se repartían los contratos entre droguerías, menciona a la empresa Suizo Argentina que habría multiplicado su facturación con el Estado en el último año y sugiere que hubo favoritismos en las compras directas del Ejecutivo.
Seguinos en Google News y en nuestro canal de Instagram, para seguir disfrutando de las últimas noticias y nuestro mejor contenido.