El fallo de la Corte Suprema contra la empresa Tabacalera Sarandí, del empresario Pablo Otero, puso en marcha el proceso para que el Estado empiece a cobrar la deuda que el Señor del Tabaco acumuló por no pagar el impuesto a los cigarrillos desde 2018. El máximo tribunal declaró que ese tributo es constitucional y desactivó la maniobra que Otero había puesto en marcha para evitar el pago de gravámenes para conseguir fondos extra.
El ARCA, tras la decisión judicial, actualizó los números que debe el Señor del Tabaco y su empresa tabacalera. Según reconstruyó Clarín en base a fuentes oficiales, el monto que Otero tiene que pagar asciende a $668.914.684.823. Al cambio del dólar del último jueves ($1.310) el número llega a US$ 510 millones.
Pero el número no es el definitivo ya que esa cifra en pesos es nominal y no tiene en cuenta las actualizaciones ni la inflación. Según fuentes del ARCA y del mundo tributario, cuando se actualicen los intereses y las multas del organismo la cifra se triplicará y superaría a los US$1.500 millones.
El caso arrancó en 2018, tras la sanción de la Ley del Impuesto al Tabaco durante el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí decidió no pagara el tributo y se presentó en la Justicia con el argumento de que esa normativa era anticonstitucional y confiscatoria.
Con un fuerte poder de lobby político y judicial, consiguió que una serie de jueces dictaran medidas cautelares para sostener la maniobra. Así fue acumulando influencia y fondos extra gracias a la estrategia de no pagar impuestos.
Su empresa creció de manera extraordinaria. Pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. Con esos fondos fue diversificando sus negocios e incluso incursionó en los medios. A través de su empresa Grupo Madero Sur se asoció como inversor minoritario en Net TV, el canal de Editorial Perfil y el Grupo Kuarzo.
Desde principio de 2024, la ex AFIP había empezado a contabilizar mes a mes la deuda que Otero acumuló desde 2018 a la espera de que saliera el fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley del tabaco.
Con la resolución del máximo tribunal, se acelera el proceso para cobrar. Pero no será inmediato. Es que una parte de la deuda está trabada en el Tribunal Fiscal de la Nación, que es el organismo que interviene en las cuestiones tributarias y aduaneras. Hasta allí había ido Otero en su estrategia legal para dilatar y frenar el pago de tributos.
Ahora que la Corte declaró la constitucionalidad de la Ley, el Tribunal Fiscal de la Nación debe impulsar la apelación de Tabacalera Sarandí para que ARCA pueda intimar a Tabacalera Sarandí.
Otero, durante los más de seis años que duró el caso, siempre buscó mostrarse como una víctima y acusó a los medios y empresarios del sector de estar en su contra para dañarlo. Impulsó demandas y amenazó a periodistas. En paralelo, acumuló causas contra él y su empresa. Fue denunciado por presunto lavado de dinero, por vender supuestamente cigarrillos truchos y por evitar controles de de la ex AFIP.
Las marcas insignia de Tabacalera Sarandí con las que ganó parte del mercado son Red Point, West, Kiel y Master.
En el último tiempo, Otero intentó despegarse de la compañía. Anunció que iba a dejar la conducción de la empresa tabacalera en manos de Claudia Romero Roura y sostuvo en una entrevista con el diario El País de España que planeaba instalarse en Uruguay para impulsar negocios inmobiliarios y financieros.