El gobierno libertario de Javier Milei se ve forzado a destinar energías en el Congreso mientras continúa trabajando para calibrar la metodología de campaña en septiembre y octubre.
Mientras tanto, la discusión por los vetos lo obliga a multiplicar esfuerzos en el Palacio Legislativo, en donde este miércoles tendrán una prueba de fuego los vetos ejercidos por Milei al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. En ese marco, en la Casa Rosada son optimistas.
El veto a la emergencia en el sistema de discapacidad es sin duda el principal dolor de cabeza para la Casa Rosada por la sensibilidad del tema. Con todo, en la previa de la discusión en Diputados advierten que solo podrá haber aumentos al nomenclador de prestaciones si se consigue, primero, la confirmación del veto. Un gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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El Gobierno libertario y Milei no dieron el brazo a torcer. Mucho menos luego de que la Justicia le dé la razón al Presidente y no lo obligue a bajar el tuit que compartió en el que vinculaba a Ian Moche, el niño de 12 años con autismo, con “los kukas”.
En ese marco, el Gobierno se muestra optimista en la previa. Recuerda a los “87 héroes” que el año pasado defendieron el veto a una nueva fórmula jubilatoria, y si bien evitan hablar de números, señalan que no deberían tener problemas en llegar a los “90 diputados”.
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Con esa cifra se asegurarían el tercio necesario para poder “blindar” la decisión del Presidente, que de ser volteada por el Congreso sería recurrida en la Justicia. Tampoco brindan precisiones sobre con quienes obtendrían las manos para blindar los vetos aunque algunas voces en el oficialismo señalan que vendría de las manos de aliados y de los espacios con los que cerraron alianzas para las elecciones de octubre.
En Gobierno, entienden que la mejora de los fondos para discapacidad, no solo deberían venir tras la confirmación del veto. También insisten en la necesidad de bajar la cantidad de pensiones por discapacidad, que hoy rondan los 1,8 millones mientras que deberíamos estar en torno a los 500 mil.