Un nuevo fallo colonial, proveniente de la justicia estadounidense, quiere obligar a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre que compró el derecho a litigar contra el país. Otro intento de saqueo imperialista por medio de un tribunal extranjero. Consecuencias de una nacionalización a medias, que pone en peligro los territorios y los recursos estratégicos del país.
La jueza perteneciente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes del juicio. El fallo se enmarca en el caso por la nacionalización de un porcentaje de la petrolera en 2012.
Preska, en septiembre de 2023, ya había emitido una sentencia en primera instancia condenando al país a pagar la sideral suma de USD 16.100 millones a los fondos buitres Burford y Eton Capital. Con el fallo comunicado este lunes, estas empresas de servicios financieros buscan de manera anticipada obtener esa indemnización de USD 16.100 millones más intereses. En esta oportunidad, lo que decretó la justicia estadounidense es que el país le otorgue el 51% de las acciones de YPF, un porcentaje equivalente al dinero exigido anteriormente, a estos fondos que compraron los derechos de este juicio.
La determinación de la jueza, que le da al país 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM), proviene también de conocer la situación en la que se encuentran las arcas del país. El valor de ese 51% exigido, Argentina no lo tiene disponible, ni siquiera juntando el dinero de los últimos desembolsos provenientes del FMI y de los demás organismos internacionales de crédito.
Si bien Javier Milei confirmó que el Estado apelará el fallo y pidió la suspensión de este juicio, no existen garantías de nada progresivo contra este intento de saqueo hacia parte de una empresa perteneciente a un área estratégica de nuestra producción. Para tener en cuenta, el procurador del Tesoro designado por el presidente, Santiago Castro Videla, en su historial cuenta con un fuerte acercamiento al fondo buitre Burford, por medio de uno de sus principales asociados.
YPF, los Eskenazi y Burford Capital
Por medio de una ley que pasó por el Congreso y fue votada hasta por una parte importante de la oposición de la época, en mayo de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante la nacionalización de la empresa petrolera.
Desde su elaboración, ese movimiento, lejos de convertir a la empresa en 100% estatal, solo terminó siendo una recompra del 51% de las acciones, que en ese momento pertenecían a la empresa española Repsol. A esta última empresa también se le dio una compensación económica de unos USD 5.000 millones.
Por otro lado, por la manera en que se realizó esta compra, hoy vemos las consecuencias de haber dejado que se litigue en suelo norteamericano. Un elemento, que el tándem Crisitna-Kicillof decidieron no eliminar.
Posterior a la toma de control de YPF, el gobierno suspendió el reparto de dividendos. Una acción que terminó afectando a parte de los privados que poseían acciones, y uno de ellos fue el grupo Petersen, firma liderada por los Eskenazi. Estos últimos entraron en concurso de acreedores, dando inicio al proceso de quiebra de su firma.
En el año 2015 es donde entran en juego los fondos buitres. Burford Capital, una empresa especializada en ofrecer servicios financieros, como es la naturaleza de todos estos tipos de fondos, terminó pujando para intervenir en este proceso. El mecanismo utilizado para entrar en esta ecuación es la compra de juicios multimillonarios. Como lo trabajan todos los fondos buitres, Burford Capital se hizo con el 70% de los derechos de indemnización de la familia Eskenazi, invirtiendo únicamente quince millones de euros. Una cifra totalmente inferior a las ganancias que el fallo promete obtener con el valor comprendido por el 51% de las acciones exigidas.
La cronología de todos estos hechos terminó desembocando en la última declaración de la jueza neoyorquina.
Hay que romper relaciones con estos buitres y nacionalizar la compañía entera
YPF es tal vez una de las empresas más importantes en el sector productivo argentino, por el rol estratégico que posee en materia energética. Con los peligros que implica una actividad de este calibre, el desarrollo productivo de este sector no puede quedar en manos de las ganancias de capitales extranjeros, en donde solo interesa producir, sin importar el efecto en los territorios y en el ambiente donde opera.
Además de la amenaza extractivista con la que está pensada la producción de esta área, el fallo de carácter colonial es un ataque directo a nuestra soberanía. No hay que permitir, de ninguna manera, este intento de desfalco por parte de los buitres contra el país.
Cumplir al pie de la letra con este tipo de estafas, es decir, pagar lo que exige el fallo de la jueza Preska, solo terminará traduciéndose en un aumento en el nivel de ajuste y entrega existente. Es fundamental desconocer este tipo de sentencias y romper relaciones con todos esos tribunales que favorecen estos grupos de saqueadores internacionales.
La salida es la nacionalización completa de YPF, sin poner un peso. Una empresa estatal, controlada por sus técnicos, trabajadores y usuarios, es la garantía para el desarrollo de una soberanía energética sin caer en las garras de los intereses destructivos del capital extranjero.