La Sala 1 del Supremo Tribunal Federal de Brasil logró este jueves la mayoría necesaria para condenar al exmandatario Jair Bolsonaro por los delitos de abolición del Estado democrático de derecho y tentativa de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El voto decisivo lo emitió la jueza Carmen Lúcia, que inclinó la balanza a un 3 a 1 en favor de la condena. En su argumentación, la magistrada sostuvo que “no hay vacuna necesaria para el autoritarismo” y subrayó con énfasis que “el golpe de Estado es un crimen”.
La decisión convierte a Bolsonaro en el primer expresidente brasileño en ser condenado por atentar contra la democracia, un hecho de enorme simbolismo para la región y que marca un antes y un después en la política del gigante sudamericano.
La interna en el Supremo y el proceso de dosimetría judicial
El fallo aún no está cerrado: resta el voto del juez Cristiano Zanin, quien se espera también se pronuncie contra Bolsonaro. Una vez confirmada la culpabilidad, se abrirá el proceso de dosimetría judicial, mecanismo mediante el cual se definen los años de prisión a partir de principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad, considerando circunstancias atenuantes y agravantes.
El debate se da en un clima de máxima tensión. El miércoles, el juez Luiz Fux se había pronunciado a favor de la absolución de Bolsonaro, un gesto que lo convirtió en referente inesperado para los sectores bolsonaristas, aunque también generó fuertes cruces dentro del tribunal.
La condena resonó más allá de las fronteras de Brasil. Donald Trump, presidente de Estados Unidos y aliado cercano de Bolsonaro, denunció la causa como una “cacería de brujas” y respondió con una batería de medidas contra el Poder Judicial brasileño: incremento de aranceles a las exportaciones, sanciones contra el juez que presidió el proceso y la revocación de visas a la mayoría de los miembros de la Corte.
El trasfondo conecta con un fenómeno internacional: en 2025, líderes de ultraderecha como Marine Le Pen en Francia y Rodrigo Duterte en Filipinas también enfrentaron reveses judiciales, lo que evidencia un endurecimiento global contra proyectos que buscan debilitar instituciones democráticas.
Condenado e inhabilitado de hecho en lo inmediato, Bolsonaro enfrenta ahora un horizonte incierto. Si bien conserva apoyo en parte del Congreso y en sectores movilizados de la sociedad, el fallo debilita las perspectivas electorales de su movimiento y abre un interrogante sobre su supervivencia política.
De qué se acusa a Jair Bolsonaro
El expresidente de Brasil, que estuvo al frente del país entre 2019 y 2022, enfrenta un proceso judicial junto a otros siete exfuncionarios, entre ellos antiguos ministros y mandos militares, acusado de haber participado en una extensa conspiración destinada a instaurar un golpe de Estado.
Según la investigación, el plan incluso contemplaba un intento de asesinato contra Lula da Silva, aunque nunca llegó a ejecutarse debido a la falta de respaldo dentro de la cúpula castrense.
El juez relator de la causa, Alexandre de Moraes -quien también figuraba como objetivo en el presunto complot-, fue categórico al señalar que “Brasil casi volvió a una dictadura”. Moraes votó a favor de la condena, al igual que Flávio Dino, exministro del actual presidente.
Dino enfatizó además que estos delitos no podían ser objeto de un perdón parlamentario, en momentos en que sectores del bolsonarismo promovían una amnistía legislativa en caso de que su líder fuese hallado culpable.
En contraste, el magistrado Luiz Fux defendió la absolución. A su entender, el tribunal carece de competencia para juzgar a un expresidente y no existen pruebas suficientes para sostener una condena.
Mientras tanto, el diputado bolsonarista Luiz Lima sostuvo que “este voto no va a interferir en el resultado final, pero va a interferir en la historia”, y denunció que existe una “presión enorme” para que el Congreso incluya en su agenda el proyecto de amnistía.
La sociedad brasileña continúa dividida: una parte interpreta el proceso como un acto en defensa de la democracia, mientras que otra lo percibe como un movimiento de tinte partidario.
Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, la condena a Bolsonaro reconfigura el escenario político: mientras Lula, de 79 años, ya anticipa su deseo de buscar la reelección, una eventual inhabilitación del exmandatario aceleraría la carrera dentro de la derecha para definir un sucesor.