No pinta sencillo para el siempre inquieto ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, conseguir que los gobernadores convaliden el plan que ha preparado para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En palabras de uno de ellos, la movida encubre un dato nada desinteresado: que las provincias “banquen el ajuste que sostiene el superávit fiscal que el gobierno nacional presentará como propio”.
Algo así ya sucedió con las cuentas del 2024, según revelan planillas de la reconocida Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) que sirven de modelo para ejercicios similares.
Por de pronto, el hombre que acostumbra embalarse con sus ideas y embala a Javier Milei viene con unas cuantas consignas bravas. Entre ellas: “Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”.
Otra: “Achicar el tamaño del Estado para poder cobrar menos impuestos, porque mucho Estado equivale a muchos impuestos”.
Sturzenegger sigue con algunos ejemplos que piensa llevar a las provincias y a los municipios del interior, como el caso de los 19 impuestos que el gobierno nacional bajó en 18 meses y el saque del 30% al gasto público que generó la baja del “impuesto inflacionario”. El gran ajustador remata la faena con el ahorro de US$ 2.000 millones anuales que atribuye a la poda de 50.000 empleos.
Todo en línea con las ideas de Javier Milei, solo que al interior de la movida conviven varios supuestos difíciles de digerir en el mundo de los gobernadores.
Uno de ellos apunta al intento de influir, si no decidir, en sus medidas impositivas, y sobre todo en aquellas que tocan a Ingresos Brutos, un gravamen que en los estados grandes llega a representar el 70% de la recaudación y por lo mismo suele estar en la mira del poder central.
El supuesto siguiente ancla en el costo político del ajuste que debiera arrancar apenas pasadas las legislativas de octubre; esto es, un ajuste sobre el ajuste y otra mochila que cargarán los gobernadores en el tiempo electoral.
Datos de ASAP informan justamente que en 2024 el llamado gasto de capital, obras públicas si se prefiere, cayó nada menos que un 73,9% real contra 2023, o sea, descontada la inflación. Esto se llama inversión semiparalizada.
Peor aún, las transferencias de capital a las provincias se derrumbaron un 94% también real. Paralización lisa y llana, ahora.
Estamos hablando, aquí, de rutas, caminos, de mantenimiento, de cloacas, viviendas, de agua potable y tareas de saneamiento. Todo de una manera o de otra esencial, social y económicamente, aunque a la vez ninguneado: en ese espacio hay gastos que caen 70, 88, 92 y hasta 94%.
Las cosas parecen haber mejorado últimamente, según los números de enero-mayo del 2025. Mejorado quiere decir repunte del 28,6% desde el quinto subsuelo y, también, que todavía falta bastante para llegar a la planta baja.
Una medida del estado en que estamos con la inversión pública sale de un trabajo publicado por el BID y, más concretamente, del contraste con América latina. El promedio latinoamericano pone al gasto de capital en el 3,9% del PBI, un punto porcentual por encima del 2,8% del período 2002-2006.
¿Y la Argentina por dónde anda? Los datos de ASAP dicen 2,6% del PBI en el 2021, después de varios años por debajo del 2%. Para el promedio provincial, la información disponible marca 1,3%.
Solo para que no falten, tres piezas clave del ajuste. Una: el gasto público en remuneraciones, donde se cruzan salarios reales en retroceso y plantillas de empleados también en retroceso, señala baja del 6,9% en mayo 2025 versus mayo 2024. La siguiente dice guadañazos del 68,5% real sobre los subsidios a la energía y del 26,2% también real en los del transporte, combinados con aumentos de tarifas que, según los casos, van del 56 al 61%.
Por si hace falta remacharlo, en semejante mescolanza entra el 1,5% que marcó la inflación en mayo y que el mileismo festeja como un triunfo del ajuste fiscal que aplica contra vientos y mareas, en toda la cancha. Más aún, se lo presenta como un efecto del ancla cambiaria que en la puja de ideas doblegó a las presiones a favor de la acumulación de reservas que tiene detrás al Fondo Monetario.
No hace falta remachar nada para advertir que la misma balanza se inclina para otro lado, cuando el Gobierno debe endeudarse, como está endeudándose con bonos u otros medios, para reforzar el poder de fuego con el que enfrentaría eventuales ofensivas sobre los dólares del Banco Central.
A propósito, un par de detalles. En julio, los vencimientos de la deuda en moneda extranjera suman US$ 4.800 millones y US$ 6.840 millones en el trimestre julio-septiembre. Las reservas netas, digamos disponibles, rondan US$ 8.800 millones.