Tras aceptar modificaciones al proyecto original, el Gobierno intentará hoy avanzar con la media sanción de la reforma laboral en el Senado. La sesión se abrió pasadas las 11 y se prevé un debate que podría extenderse hasta la noche. Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, la iniciativa se votará primero en general y luego se desglosará en 26 votaciones en particular, correspondientes a cada uno de los títulos.
“El tango se baila de a dos. Y esta Ley de Modernización Laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez. Es la primera reforma en más de 50 años”, escribió Patricia Bullrich en X al ratificar el entendimiento alcanzado.
Ayer, en conferencia de prensa, la jefa del bloque libertario en el Senado había sostenido que el nuevo texto “tiene el aporte de muchos bloques y provincias” y lo definió como “un dictamen que ha llegado a buen puerto después de meses de trabajo”. Acompañada por Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling Lara (Pro), anticipó un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general.
Para alcanzar ese número, el oficialismo modificó 28 artículos y eliminó tres. Los cambios más sensibles se concentraron en tres frentes: dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos más altos, reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones y cedió ante los gremios en aspectos centrales de su financiamiento. También introdujo ajustes en licencias por enfermedad, medios de pago salariales, Justicia laboral, financiamiento del Incaa y derogación de estatutos.
La decisión contrasta con el mensaje que la Casa Rosada había dejado trascender la semana pasada. Entonces, tras otra reunión política, fuentes oficiales aseguraban que no se cambiaría “ni una coma” del texto original.
Uno de los giros más relevantes fue la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para empresas en los tramos dos y tres. La marcha atrás respondió a la presión de los gobernadores, que advertían una caída en la coparticipación. Se mantiene, en cambio, la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios, automóviles, embarcaciones y artículos de comunicación.
“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir una reforma fiscal integral que contemple los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista.
En materia de indemnizaciones, se modificaría el cálculo: sin aguinaldo, vacaciones o premios. Además, se crearía el FAL, financiado con contribuciones patronales. Ya no habrá una alícuota uniforme del 3%: las grandes empresas aportarán 1% y las pymes, 2,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, quedaría facultado para incrementar hasta 0,5 puntos esos porcentajes si fuera necesario para cumplir la meta de déficit cero.
El Gobierno también retrocedió en tres puntos vinculados al financiamiento sindical. Eliminó la reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%; mantuvo la cuota sindical con un tope del 2% del salario (0,5% en el caso de cámaras empresarias); y sostuvo que los empleadores seguirán actuando como agentes de retención sin necesidad de autorización previa expresa del trabajador.
En otro cambio relevante, se eliminó la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales: solo podrán hacerlo entidades bancarias. El bloque de diputados de Pro se opuso a este ajuste. “Restringir opciones digitales es cerrar alternativas”, sostuvieron en X.
El texto mantiene la intención de transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña y habilita su “progresiva reorganización o transformación”, aunque sin incluir materias laborales de competencia federal.
También se postergó hasta 2028 la eliminación del fondo específico que financia la actividad cinematográfica del Incaa. El proyecto original preveía su supresión inmediata.
Se sostiene, además, la derogación de cinco estatutos profesionales, aunque con un plazo de seis meses desde la sanción de la ley. En el caso del estatuto del periodista profesional, se insiste en derogar el artículo 43 sobre despidos e indemnizaciones cuando entre en vigencia la reforma.
Por último, se acota el régimen de licencias por enfermedad o accidente. Define que si la dolencia no deriva de la actividad laboral y responde a una acción voluntaria del trabajador, este podrá percibir el 50% del salario. El texto regula también el aviso de enfermedad, los controles médicos y la posibilidad de juntas médicas ante discrepancias.
Las vacaciones, por su parte, podrían ser fraccionadas en un mínimo de siete días y se habilitarían entre los meses de octubre y abril, salvo que se negocie algo diferente por convenio colectivo.