En el Gobierno hay expectativa hoy ante una posible noticia favorable desde Estados Unidos. La Justicia de ese país podría suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país, pero impondría como condición el depósito de una garantía de pago.
La decisión tiene que ser tomada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y representaría un alivio para la Procuración del Tesoro, pero exigirá al Gobierno realizar una transferencia de fondos al exterior.
La medida se podría conocer hoy luego de que, la semana pasada, la defensa argentina apelara el fallo de Preska que ordenaba entregar las acciones de la petrolera en un plazo de 14 días, que vencía hoy. El viernes, la Procuración del Tesoro, a cargo de la estrategia legal del país, anticipó que la jueza Preska podría autorizar la suspensión de su sentencia para que el país pueda apelar el fallo de primera instancia sin arriesgar acciones legales adicionales.
Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF y obtuvieron a su favor una indemnización de US$16.100 millones más intereses.
También fue incluido como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001.
Aunque ese último juicio ya tiene sentencia firme y el Estado argentino debe pagar alrededor de US$100 millones, el proceso por la expropiación de YPF aún se encuentra en etapa de apelación.
Burford —que compró el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y Eton Park solicitaron al tribunal que rechace la cautelar pedida por la Argentina. En caso de que se concediera, pidieron que quedara sujeta al pago de una fianza millonaria.
Mientras tanto, se espera en Estados Unidos la designación de los tres jueces que integrarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones. Las tres partes involucradas en el caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta el nombramiento de los jueces y la fijación de la fecha de audiencia, prevista para los próximos meses.
La semana pasada, la defensa del Estado argentino sostuvo que el pedido de los demandantes implica un ataque directo contra su soberanía y detalló tres argumentos centrales:
Del otro lado, los demandantes acusaron al Estado argentino de haber dilatado el cumplimiento del fallo durante más de ocho años, y de haber conseguido dos años extra desde que se dictó la sentencia, sin una suspensión formal. “Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, cuestionaron en un escrito firmado por el abogado Paul D. Clement.
En septiembre de 2023, el Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012.