El caso contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, podría dar un giro dramático. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, habría ofrecido a las autoridades estadounidenses información clave sobre las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa.
Esto incluye presuntos vínculos con figuras cercanas al gobierno de Morena, como parte de su estrategia para negociar una reducción de pena o beneficios procesales.
De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, la declaración de Ovidio ante la justicia estadounidense involucraría directamente a la casa de bolsa Vector. La firma fue recientemente investigada por recibir una transferencia de 100 millones de pesos de una empresa fachada ligada al narcotráfico.
Este movimiento podría ser solo la punta del iceberg de una red financiera utilizada para lavar dinero a través de instituciones que aparentan legalidad.
Narco, finanzas y política: el triángulo de la impunidad
El presunto vínculo entre Vector y el Cártel de Sinaloa ha sido objeto de escrutinio desde que se reveló que la empresa recibió fondos de una fachada del grupo criminal.
La posibilidad de que el testimonio de Ovidio Guzmán haya encendido alertas en Washington plantea un nuevo escenario. Se sugiere que el narcotráfico mexicano logró comprar silencio dentro del sistema financiero, con protección política incluida.
Alfonso Romo, dueño de Vector, fue uno de los operadores empresariales más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Su influencia durante el sexenio fue clave en la política económica del oficialismo.
Que ahora su firma esté bajo investigación por lavado de dinero del narco representa un golpe directo al discurso de “honestidad valiente” con el que Morena se ha escudado por años.
Peor aún, Ovidio Guzmán habría delatado estas conexiones como moneda de cambio ante Estados Unidos. Esto sugiere que el narcotráfico penetró más profundamente de lo que la 4T admite.
Morena, atrapada entre su retórica y la realidad
Este escándalo se suma a una larga lista de contradicciones del oficialismo. Mientras desde Palacio Nacional se insiste en que el crimen se combate “como nunca antes”, la evidencia apunta a complicidad, omisiones y falta de castigo.
Si se confirma lo declarado por Ovidio Guzmán, estaríamos frente a una red de colusión entre empresarios afines a AMLO y el crimen organizado.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni el gobierno federal han emitido postura sobre este ángulo de la investigación. Como ya es costumbre, la opacidad reina.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tampoco ha mostrado interés alguno en esclarecer los vínculos entre sus aliados políticos y los escándalos financieros que los rodean.
El riesgo para México es enorme. Si se confirma que la administración anterior permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, y que lo hizo mediante una institución financiera vinculada al poder, el caso no se limitaría a un escándalo de corrupción. Estaríamos ante una crisis institucional profunda, con la complicidad del Estado con el crimen organizado en el corazón del sistema.